Una Catalunya independiente quedaría fuera de la UE

 Las aspiraciones independentistas de Cataluña no tienen cabida en la Unión Europea, ya que esta no aceptaría una hipotética secesión de Catalunya u otro territorio que no haya sido decidida por el conjunto del pueblo español

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Basa su convencimento en el artículo 4.2 del Tratado de la UE, según el cual, solo sería legal una secesión pactada con España y la actual Constitución de nuestro país impide la independencia unilateral de una parte de la nación, porque la soberanía de España corresponde al conjunto del pueblo español.

Incluso cuando se llegara al caso de que una parte del actual territorio de España se separara del resto de forma pactada --porque hubiera cambiado la Constitución, por ejemplo-- el nuevo Estado no estaría automáticamente dentro de la UE, sino que tendría que iniciar un proceso de adhesión que solo concluiría cuando los miembros de la Unión estuvieran unánimemente a favor de su ingreso.

En concreto, el artículo 4.2 del Tratado de la Unión señala que ésta "respetará" la "identidad nacional" de los Estados miembros, identidad "inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional".

También dice que "respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional".Este artículo es lo que se conoce en derecho como norma de remisión, es decir, incorpora lo que el ordenamiento nacional de cada Estado miembro determina.Esto quiere decir que en los Estados miembros en los que quepa una secesión pactada, ésta será legal, pero en los que no, se trataría de una independencia ilegal.

La Constitución española, en su artículo 1.2, establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español" y en su artículo 2 deja claro que la Constitución "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española".

Por tanto, una secesión unilateral de Cataluña o de otro territorio sería absolutamente contraria a la Constitución, de manera que también sería contraria al ordenamiento europeo.